Entidades LGTBI exigen que se cumpla la legislación y se imparta educación en diversidad LGTBI de forma obligatoria

A través de la campaña “Tienen derecho a saber”, DeFrente junto a FELGTB exige al Gobierno andaluz que retire el acuerdo suscrito en el que establece la obligación de que las familias den su consentimiento expreso para que el alumnado curse formación en diversidad LGTBI, como actividad complementaria

(30.10.19) La Asociación DeFrente, junto a la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) recuerda a la Junta de Andalucía y a su Consejería de Educación, que, según la legislación actual, los centros educativos de todo el territorio estatal tienen la obligación de ofrecer educación en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género sin contar con el consentimiento previo de las familias.

La entidad LGTBI recuerda que la Ley Orgánica para la Mejora de la Educación (LOMCE), la Ley de Infancia y Adolescencia de 2015, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz, la Ley Orgánica de Educación e incluso la propia Constitución Española o la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por España, además de la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía y de la Ley para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, establecen la obligatoriedad de que los poderes públicos adopten medidas educativas para combatir la discriminación y la violencia que sufre la infancia y la adolescencia, además de para garantizar el pleno desarrollo de la personalidad y de la formación en valores.

Así, declara que la Consejería de Educación tiene, por tanto, la obligación de garantizar que todo el alumnado, independientemente de la opinión de sus familias, reciba formación en diversidad LGTBI, así como de proteger a los menores de la posible violencia familiar o de la negación de acceso a información motivada por LGTBIfobia. Y es que, tal y como manifiestan, solicitar el consentimiento de las familias para que elijan la educación que recibe o no el alumnado contraviene el interés superior del menor, presente en el ordenamiento jurídico español.

Por este motivo, DeFrente solicita a la Junta de Andalucía que retire de manera inmediata el acuerdo firmado hace unos días en el que se establece “la autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias”.

Esta demanda se enmarca en la campaña “Tienen derecho a saber”, iniciativa de FELGTB a la que se han sumado entidades de distintas Comunidades Autónomas para exigir de manera simultánea a sus respectivos Gobiernos autonómicos que cumplan con su obligación de garantizar una correcta educación en valores. Además, se trata de una campaña que pretende ofrecer una herramienta a la ciudadanía para que reivindique sus derechos en este sentido por lo que invita a la población a sumarse y enviar sus propias cartas a la Consejería con esta demanda.

Según Lolo López, coordinador de educación de DeFrente, “la intención de esta acción es recordar a los poderes públicos su obligación de cumplir y defender la legislación actual en materia educativa y disipar las dudas que puedan estar surgiendo como consecuencia de las campañas sensacionalistas promovidas por organizaciones y partidos políticos que no comparten los valores constitucionales, por mucho que los usen por bandera para hablar de otros temas”.

En este sentido, Lolo López recuerda que “la Educación es un derecho de los menores, no un privilegio de las familias que están de acuerdo en que sus menores se formen. Igual que el alumnado tiene derecho a formarse en matemáticas, en inglés o seguridad vial, tiene derecho a formarse en educación afectivo-sexual, familiar y de género”.

Y es que, según el representante de DeFrente, “la aplicación de un pin parental que la ultraderecha quiere instaurar en nuestra Comunidad y que algunos grupos afines están promoviendo en distintos puntos de la geografía española, abre la puerta a que el sistema educativo reconozca también como válidas otras ideas discriminatorias como el racismo o la misoginia, u otras corrientes de pensamiento que pueden incluso poner en riesgo la salud de los menores, como las creencias contrarias a la vacunación”.

Además, explica que el uso del término pin parental pretende generar una falsa sensación de protección a las familias. Así, “el pin parental real protege a la infancia de contenidos inadecuados cuando navega a solas por Internet. Sin embargo, este mal llamado pin parental no es más que un intento de censura que vulnera los derechos de menores y docentes y anima al incumplimiento de las leyes. El alumnado no necesita un pin parental para la escuela, puesto que el conjunto de expertos en educación e infancia que conforma la comunidad educativa vela tanto por su bienestar en el entorno escolar, como por la conveniencia de los contenidos que estudian a cada edad”, afirma Lolo López.

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